Gavin Strong, líder analista de Control Risks en Latinoamérica y el Caribe, comparte una rápida opinión acerca de las perspectivas del sector minero de la región:
Dada la enorme riqueza mineral de la región, en particular, pero no exclusivamente, en Brasil, Chile, México y Perú, Latinoamérica está (supuestamente) bien situada para aprovechar los elevados precios mundiales de las materias primas. Los principales minerales de la región, como el oro, la plata y el cobre, entre otros, han sufrido subidas de precios últimamente, y el Banco Mundial prevé que los precios de los metales aumenten un 16% en 2022.
Sin embargo, aunque las compañías y los inversionistas de Latinoamérica están preparados para beneficiarse del favorable mercado de materias primas, seguirán enfrentándose a un complejo panorama de riesgos. Quienes tengan intereses en la región pueden esperar:
- Inestabilidad política en toda la región debido a las preocupaciones económicas y los temores inflacionarios, por no hablar de las elecciones, la reformulación de las constituciones y/o los conflictos entre el poder ejecutivo y el legislativo
- Incertidumbre política e imprevisibilidad en materia regulatoria
- Nacionalismo de los recursos en algunas jurisdicciones mineras clave
- Posibles aumentos de regalías mineras/impuestos sobre las ganancias extemporales
- La inseguridad, que representa un desafío particular para realizar las actividades de exploración/li>
- Interrupción de la cadena de suministro y, en consecuencia, aumento de los costos operativos
- Intensificación del escrutinio de su huella ambiental, social y de buen gobierno (ASG, por sus siglas en inglés), lo que implica importantes riesgos de seguridad, operativos y de reputación.
Los riesgos ASG y de seguridad son manejables, pero requerirán una cuidadosa consideración y planificación de la mitigación. La región está plagada de innumerables ejemplos de proyectos mineros que sirven de advertencia en este aspecto. A medida que aumente la actividad con el actual auge de las materias primas, será fundamental que los inversores y operadores realicen evaluaciones exhaustivas de los riesgos, establezcan un mapa de las partes interesadas y se comprometan con ellas (incluida la gestión de las mayores expectativas), al tiempo que vigilen las amenazas.