A medida que las iniciativas de descarbonización ganan impulso en todo el mundo, el litio se ha convertido en una nueva frontera de posibilidades para el sector minero, denominada incluso como "oro blanco" por parte de los medios sectoriales. El mineral es un elemento importante en el camino de muchos países para salir de su dependencia de los combustibles fósiles. Es el principal componente de las baterías de los vehículos eléctricos y también se utiliza en muchos otros dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos celulares. Numerosos medios de comunicación internacionales han informado en los últimos meses acerca del creciente riesgo de escasez de litio en todo el mundo a medida que se dispara la demanda. Esto supondrá importantes oportunidades para los países productores en la próxima década. 


De acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, Australia es el mayor productor. Sin embargo, Latinoamérica posee una parte importante de las reservas mundiales de litio. Esto convierte a la región en un centro minero potencial para los próximos años.

Triángulo del Litio

El Triángulo del Litio, formado por Chile, Argentina y Bolivia, concentra las mayores reservas de este mineral en el mundo. Esta región ha atraído un creciente interés extranjero en los últimos años, aunque su potencial de producción sigue estando deficientemente explotado. En Bolivia, por ejemplo, la extracción sigue estando muy limitada a pequeños proyectos. Esto se debe a las dificultades técnicas relacionadas con la extracción de litio en el país, a las políticas gubernamentales excesivamente restrictivas y a la falta de tecnología a nivel nacional. En el último año, el presidente Luis Arce intentó mejorar las perspectivas de producción del país, principalmente promoviendo licitaciones internacionales. Sin embargo, es probable que los resultados sigan siendo modestos, ya que Bolivia carece de un enfoque en consonancia con las normas internacionales y de reglamentos específicos sobre la explotación de litio.

Chile lidera la región en capacidad de exploración, con proyectos operativos en etapa avanzada. El país solía liderar la producción mundial hasta 2017, cuando fue superado por Australia dada la lentitud de Chile para permitir la entrada de nuevos protagonistas en su mercado. Aun así, Chile sigue siendo un destino prometedor para invertir en este frente y el gobierno mantiene una retórica favorable con respecto a los inversionistas. Sin embargo, el proceso constitucional en curso, aunado a un enfoque más enérgico en favor del medio ambiente por parte de la nueva administración del presidente Gabriel Boric, significa que los riesgos regulatorios aumentarán al menos durante los próximos 12 meses. Las propuestas legislativas relacionadas con la preservación de los recursos hídricos, en particular, supondrán probablemente un aumento de los costos operativos para las empresas. A ello se sumará el creciente activismo de los grupos indígenas. 

Argentina, que posee la segunda mayor cantidad de litio identificada en el mundo, está dispuesta a promover nuevas (y masivas) inversiones en el sector minero. A pesar de los prolongados desequilibrios macroeconómicos del país y de la elevada carga regulatoria a la que se enfrentan las multinacionales, en el último año, la administración del presidente Alberto Fernández ha trabajado activamente para atraer a los inversionistas mineros. Estos esfuerzos han incluido medidas específicas para la minería destinadas a optimizar el entorno de inversión. Sin embargo, las multinacionales que operan en el país siguen muy expuestas a los riesgos regulatorios relacionados con los controles de precios y capitales, que en última instancia seguirán manteniendo elevados niveles de volatilidad financiera. 

México y Perú

México es un caso complejo para los inversionistas del sector. El 20 de abril de 2022, el Congreso aprobó una reforma presidencial a la ley minera para nacionalizar las reservas de litio del país. Esto fue principalmente con la intención de darle al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) una victoria política después de un golpe a su emblemática reforma energética, que los legisladores no lograron aprobar, ya que el gobierno no necesitaba el cambio para dejar de otorgar concesiones mineras de litio. Sin embargo, ha puesto en el centro de atención las licencias existentes, pues AMLO ya ha dicho que se examinarán todas las concesiones mineras de litio otorgadas antes de la reforma. En caso de que el Gobierno mexicano detecte que los concesionarios no están listos para la fase de explotación, que no realizaron consultas a las comunidades indígenas (cuando proceda), o que hubo irregularidades en el proceso burocrático, buscará cancelarlas. Existe un amplio margen para que el gobierno federal decida acerca del cumplimiento de estos requisitos de forma discrecional. En este contexto, algunas organizaciones empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), han expresado su preocupación, ya que la cancelación de las concesiones perjudicaría la inversión privada. En última instancia, el gobierno mexicano no dispone de la tecnología necesaria para llevar a cabo la explotación de litio, lo que podría allanar el camino para algún tipo de asociación público-privada para la extracción de litio en el futuro. De lo contrario, hacer a un lado la inversión privada supondría desaprovechar las reservas mexicanas de litio.

En Perú, la producción también sigue siendo incipiente. Los últimos proyectos han suscitado una mayor preocupación entre los representantes gubernamentales por la posible radiación relacionada con la extracción de litio, ya que se mezclaría con uranio. No obstante, se han presentado propuestas legislativas para impulsar al sector. El 14 de mayo de 2021, el Congreso del país aprobó un proyecto de ley para declarar la producción de litio como una actividad "de interés público" y el mineral “un recurso estratégico". Además, el presidente peruano Pedro Castillo ha manifestado su intención de impulsar la industrialización del litio, lo que allanaría aún más el camino para mejorar las perspectivas de producción del país durante el próximo año. Sin embargo, los importantes problemas políticos de Castillo añaden incertidumbre a este escenario: se enfrentará a nuevas amenazas de destitución por parte del Congreso (después de haber sobrevivido a un segundo intento de destitución el 28 de marzo) y su popularidad sigue disminuyendo. Además, las insistentes peticiones del partido gobernante Perú Libre para que Castillo renegocie los contratos en curso siguen debilitando la confianza de los inversionistas.

Perspectivas complejas (pero prometedoras)

En general, Latinoamérica seguirá presentando grandes oportunidades para los inversores mineros con un apetito por el riesgo entre moderado y alto. Es poco probable que los inversionistas extranjeros sufran discriminación: la mayoría de los gobiernos reconoce la importancia de atraer capital extranjero en medio de los desafíos económicos generalizados de la región y la necesidad de tecnología ecológica para su extracción. Por lo tanto, los riesgos relacionados con el nacionalismo de los recursos serán limitados. Sin embargo, el aumento de las preocupaciones fiscales mantendrá una incertidumbre fiscal considerable (por ejemplo, en Chile y Argentina). No obstante, es poco probable que esta situación afecte significativamente la rentabilidad de los nuevos proyectos, especialmente si se tiene en cuenta que la demanda mundial seguirá siendo elevada en los próximos años.

A medida que las tendencias ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG, por sus siglas en inglés) ganan impulso tanto a escala mundial como regional, los riesgos relacionados adquieren cada vez más relevancia para las empresas. Los impactos socioambientales relacionados con la producción de litio aún no han sido plenamente comprendidos por el mundo académico, pero ya han suscitado una creciente preocupación entre los ambientalistas y los movimientos sociales de Latinoamérica. Cuestiones como la contaminación del aire, el suelo y el agua, además de las repercusiones de la minería en las comunidades circundantes, probablemente seguirán planteando riesgos de reputación, regulatorios y operativos para las empresas que carezcan de sólidos protocolos de cumplimiento.

El panorama de riesgos específico para la minería en Latinoamérica requerirá un enfoque proactivo y principalmente in situ por parte de los agentes privados. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, los inversionistas exitosos en la región serán probablemente los que implementen evaluaciones exhaustivas de los riesgos antes de la inversión (incluidos los ASG) y estrategias de supervisión continua basadas en sólidos conocimientos locales.

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