Las agendas de descarbonización, incluidas las que giran en torno a la regulación de las compensaciones de emisiones de carbono, han ganado fuerza en Latinoamérica en el último año, una tendencia que no se ha visto sino reforzada por la COP26.
- La confusión de prioridades y el escaso impulso político han provocado que los países latinoamericanos vayan a la zaga de las naciones desarrolladas en materia de desarrollo de mecanismos de compensación de emisiones de carbono.
- A medida que las agendas ecológicas ganen impulso, los gobiernos y las compañías reconocerán cada vez más los mecanismos de compensación de emisiones de carbono como opciones fundamentales y viables para sus estrategias de descarbonización en la próxima década.
- Es probable que los riesgos en materia regulatoria se vean mitigados por el compromiso proactivo y constructivo de las organizaciones multilaterales y el sector privado en los debates acerca de la compensación de emisiones de carbono.
- Sin embargo, esta transformación seguirá sufriendo contratiempos ocasionales en los próximos años, ya que la región continúa haciendo frente a desafíos políticos y económicos significativos.
A la zagaTodos los países latinoamericanos han ratificado el Acuerdo de París. Esto significa que múltiples gobiernos y sociedades civiles han desarrollado, en los últimos cinco años, esfuerzos para promover políticas de descarbonización. Incluso en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha adoptado una retórica más bien contraria acerca del cambio climático, hay una creciente prevalencia de narrativas y propuestas ecológicas en todo el espectro político y entre los debates corporativos.
A pesar de ello, el desarrollo de políticas concretas en torno a la descarbonización, y, en particular, en torno a los mecanismos de compensación de emisiones de carbono, ha seguido siendo tímido en Latinoamérica en comparación con los países desarrollados. En general, los marcos existentes aún no están maduros ni en consonancia con las ambiciones internacionales, mientras que su adopción por parte del sector privado sigue siendo limitada.
Esto va a cambiar. A medida que aumente el impulso mundial y siga marcando las tendencias locales, las iniciativas actuales y futuras tanto del sector público como del privado traerán consigo riesgos, pero también coloridas oportunidades para las empresas de múltiples sectores (incluidas aquellas cuyas emisiones de carbono no son necesariamente elevadas).
Situación actual
Los dos enfoques más comunes en el mundo para compensar las emisiones de carbono son el sistema de comercio de emisiones (SCE) y los impuestos sobre el carbono. El SCE implica las operaciones financieras de una dotación de emisiones previamente establecida por parte de las compañías para cumplir con sus objetivos de emisión. Un impuesto sobre el carbono, en cambio, impone un precio al carbono en función de un tipo impositivo previamente definido (sin un tope de emisiones).
En Latinoamérica, sólo Argentina, Chile, Colombia y México han establecido sistemas de impuestos sobre el carbono, sin que ninguno de ellos utilice hasta la fecha el SCE (aunque su implementación se está evaluando actualmente en Chile y Colombia). El sistema o sistemas que se adoptarán en Brasil siguen siendo inciertos, ya que tanto el Congreso como el poder ejecutivo están evaluando los mecanismos del SCE y del impuesto sobre el carbono.
En el caso de los países que recurren a los impuestos sobre el carbono, su tipo impositivo específico desempeña un papel importante a la hora de garantizar su eficacia. Cuanto más alto sea el tipo, más incentivos tendrán las compañías para impulsar sus políticas de descarbonización. Los datos de 2020 indican que Argentina, Chile, Colombia y México han adoptado lo que se puede clasificar como tipos bajos (inferiores a USD 6 por TCO2). Como referencia, países europeos como Suecia y Finlandia aplican impuestos de USD 119 por TCO2 y USD 68 por TCO2, respectivamente. Esto demuestra que el enfoque de la región al respecto sigue siendo tibio.
El alcance de las exenciones fiscales también desempeña un papel importante en la eficacia de los mecanismos de compensación por emisiones de carbono. En Argentina, el marco fiscal introducido en 2017 se aplica a los combustibles líquidos y sólidos, pero no al gas natural. Este enfoque, basado en la introducción (a menudo ad hoc) de exenciones para sectores determinados, sigue siendo una característica habitual del entorno regulatorio en toda Latinoamérica (con algunas excepciones destacadas, como Chile), y probablemente seguirá siendo un obstáculo para la plena armonización de los incentivos para la descarbonización en la región.
Mapa resumido de las iniciativas de determinación del precio del carbono en Latinoamérica
Creciente impulso
Como en otras regiones, el impulso a las agendas de descarbonización no ha hecho sino intensificarse con las conversaciones en torno a la COP26 del año pasado y, más recientemente, con las demandas de transición energética a raíz del conflicto en Ucrania. Se ha producido un creciente consenso político en torno al potencial de estas agendas para atraer de forma significativa la inversión extranjera. En este contexto, Argentina y Uruguay han anunciado recientemente importantes desarrollos en torno a proyectos de hidrógeno verde. En Chile, el Congreso actualmente debate un proyecto de ley acerca del cambio climático. Esto determinará el objetivo del país para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, estableciendo certificados de reducción de emisiones que puedan comercializarse y utilizarse para el cumplimiento de la normativa. La reforma fiscal aprobada en enero de 2021 también ha aportado cambios positivos al marco regulatorio chileno. Los retoques de las normas regulatorias del impuesto sobre el carbono han implicado la cobertura de más empresas de los sectores energético e industrial.
México fue uno de los primeros países de la región en introducir una legislación sobre el cambio climático. El país dispone de un marco regulatorio sólido para la reducción de emisiones. Sin embargo, falta coordinación entre los esfuerzos del gobierno federal y el sector privado para reducir las emisiones. Además, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dado prioridad al sector de los combustibles fósiles y está buscando formas de hacer retroceder las políticas que favorecen las energías renovables. Esto socava las perspectivas de reducción de emisiones. Como resultado, los planes para reducir las emisiones han sido en gran medida esfuerzos voluntarios del sector privado y los gobiernos subnacionales.
Enmarcar los proyectos de sostenibilidad en una fuerte retórica a favor del empleo seguirá siendo probablemente la principal estrategia de los gobiernos para impulsar sus agendas de descarbonización en Latinoamérica. Probablemente será un tema clave en las elecciones de 2022 en Brasil, donde la oposición se dispone a explorar la debilidad de Bolsonaro en el frente medioambiental. Uruguay, dirigido por el presidente con inclinación a favorecer el sector privado Luis Lacalle Pou, seguirá confiando en este enfoque para atraer inversiones extranjeras, ya que el país tiene una de las mejores acreditaciones ASG de la región.
Riesgos y desafíos
Esta tendencia se beneficiará, probablemente, del respaldo activo y continuo de los organismos multilaterales, lo que reducirá los riesgos en materia regulatoria. El Banco Mundial, en particular, ha participado directamente en la prestación de apoyo técnico para la determinación de precios del carbono en el marco del programa de Asociación para la Implementación de Mercados (Partnership for Market Implementation; PMI, por sus siglas en inglés). Sin embargo, hasta la fecha esto se ha limitado a unos pocos países (Chile, México y Colombia). Después de haber sido seleccionado para la primera etapa del programa, Brasil no ha logrado avanzar a las siguientes fases, probablemente debido a los importantes problemas de coordinación nacional que se le plantean a raíz del reducido apoyo político de Bolsonaro para la agenda. Sin embargo, el mercado voluntario de compensación de emisiones de carbono en Brasil ha crecido significativamente en el último año, lo que subraya el creciente apetito del sector privado por liderar este frente.
Es probable que el avance fluido de las agendas de descarbonización, incluidas las que giran específicamente en torno a los mecanismos de compensación de emisiones de carbono, siga sufriendo contratiempos ocasionales relacionados con las ambiguas prioridades políticas de la región. Como muchos gobiernos siguen siendo débiles (tanto por su situación en el Congreso como por sus índices generales de aprobación) y las economías vulnerables a las perturbaciones externas, los titulares seguirán dando prioridad a las medidas a corto plazo, y las agendas ecológicas quedarán en ocasiones en un segundo plano. Este es particularmente el caso de Brasil (al menos durante lo que queda del mandato de Bolsonaro, hasta diciembre de 2022), Argentina (donde la tasa oficial de pobreza se mantiene en torno al umbral del 40%) y México (durante la administración de AMLO). En Colombia, donde la cobertura energética sigue siendo insuficiente, un desafío persistente es suministrar energía a las zonas rurales, lo que supone una oportunidad única para las inversiones en energías renovables.
En cuanto a los incentivos de mercado, el hecho de que muchos países de la región, en particular, Argentina, Ecuador y México, sigan promoviendo importantes subsidios a los combustibles fósiles significa que los precios relativos para el desarrollo de las energías renovables y los mecanismos de compensación por emisiones de carbono seguirán viéndose obstaculizados. En Brasil, una reciente iniciativa del gobierno para amortiguar las recientes subidas de los precios de los combustibles ya ha repercutido significativamente en los precios relativos del sector. Esta será una controversia adicional que planteará riesgos económicos para las iniciativas de descarbonización en el país a corto plazo.
Existe consenso en que los planes empresariales orientados a largo plazo ayudan a las compañías a navegar por las macrotendencias con menos contratiempos. Esto será especialmente cierto en el caso de la descarbonización. Las estrategias a largo plazo ayudarán a las empresas a anticipar los costos económicos, gestionar sus necesidades de compensación por emisiones de carbono y minimizar el impacto social de sus operaciones. Un ejercicio de seguimiento activo complementará estas medidas con una noción informada de los planes del sector público, que serán cada vez más impactantes a medida que la preocupación por el cambio climático gane fuerza entre la sociedad civil.